Sinopsis Política: Muertes inocentes causadas por la inhumana complacencia del Gobierno

Por: J. Salatiel Arroyo Zamora

En nuestro país la criminalidad se ha normalizado, decirle delincuente a un gobernante se está convirtiendo en costumbre, lo mismo que las prácticas ilícitas de la “autoridad”, y pues la costumbre se transforma en ley. Mientras que esa conducta delictiva -en el político- parece ser requisito para trepar en el servicio público. Para ellos, ser señalados de criminales no es causa ya de incomodidad, saben bien que las “habladurías pasan y los beneficios quedan”, que un escándalo nuevo empequeñece o elimina a otro, que los ciudadanos tenemos la memoria corta y la dignidad diminuta, que las mentiras aderezadas de esperanza son tomadas por verdad, si a la gente se le dice lo que quiere escuchar.

 Además, el pueblo se encuentra ocupado en sobrevivir a las crisis provocadas por la voracidad e incompetencia oficialista, particularmente en seguridad pública y materia financiera; pero, sobre todo, concentrado en conservar la vida y no ser parte de las estadísticas de “daños colaterales”, como para “distraerse” es exigir a los mandatarios el cumplimiento de sus obligaciones legales.  

Desde hace semanas -en este espacio- hemos estado publicando los sucesos de violencia en la región de Tierra Caliente. Comentamos que, en la Tenencia del Olivo, municipio de Tuzantla, la población estaba siendo hostigada por grupos de civiles armados y que, azorada al encontrarse en medio de las balas, por los enfrentamientos entre facciones criminales, imploraron (durante 36 horas) presencia de las fuerzas armadas, para que se les protegiera o se ahuyentara a los infractores.

Cuando “el Gobierno” llegó, después de día y medio de terror, los grupos en pugna ya se habían retirado de la comunidad sitiada… como si las fuerzas armadas hubieran recibido el mensaje de que ya no había peligro, o la autorización para que arribaran a ese territorio, controlado, como la mayor parte del país, por los poderes fácticos. Las fuerzas del orden, investigadoras de ilícitos y persecutoras de delincuentes, sólo llegaron a recoger los cadáveres y tomarse fotografías frente al edificio que alberga las oficinas de la jefatura de Tenencia, tratando de hacer creer a la ingenua población que ya habían recuperado el control de la zona. Realizaron la obra histriónica y se marcharon.

De la cobardía al saqueo burdo

A los pocos días la violencia se recrudeció en las comunidades aisladas del municipio de Tuzantla, extendiéndose, además de El Olivo, a Francisco Villa. Donde -a decir de pobladores- los enfrentamientos causaron numerosas bajas, que resulta complicado cuantificar, ya que cada grupo en pugna recoge a sus compañeros caídos, para no mostrar debilidad al oponente, haciendo creer que los muertos mayoritariamente sucedieron en el bando contrario. Pero los enfrentamientos -afirman los vecinos- se prolongaron durante horas, escuchándose la detonación de artefactos explosivos.

Una vez concluida la confrontación armada, como es costumbre, arribaron las fuerzas federales, estatales y municipales, a recolectar los cadáveres que los paramilitares no se pudieron llevar. Pero en esta ocasión cierta corporación policiaca dirigió su objetivo al patrimonio de los alarmados pobladores, que después de ser víctimas de la hostilidad de los civiles armados, ahora lo eran de la voracidad de los policías que, a decir de los quejosos, allanaron sus viviendas para despojarlos de objetos de valor que encontraron.

“Anduvieron saqueando casas los policías ministeriales que acompañaban a los del SEMEFO, en la comunidad de Francisco Villa, municipio de Tuzantla, se llevaron refrigeradores, televisores, aires acondicionados, todo lo que miraban al alcance. Fue un robo asqueroso el que hicieron ¿Ese fue el apoyo que vinieron a brindar a los pobladores?” Manifestó molesto un ciudadano entrevistado, testigo presencial de los actos de rapiña de los servidores públicos, así como del abandono total y silencio cómplice de todos los representantes populares: Senadores, diputados federales, legisladores locales y presidentes municipales. Con excepción del alcalde de Tuzantla, que es del PRD, irónicamente todos los demás pertenecen a Morena; esos que, en el discurso en busca de votos, se asumen libertadores del pueblo.

La tarde de ese mismo día, lunes 09 de junio, mientras las corporaciones policiacas de la SSP del Estado anunciaban estar reforzando con operativos de seguridad el oriente de Michoacán, particularmente los municipios de Tuzantla y Benito Juárez, el centro de esta población era bombardeado con explosivos lanzados desde drones. Lo que jamás, en la historia de este municipio, se había padecido con gobierno alguno, federal y estatal. Afortunadamente no se reportaron víctimas mortales, sólo daños materiales. Tampoco hubo detenidos.

Al día siguiente, martes 10 de junio, en pleno (supuesto) operativo de seguridad de las fuerzas del orden, dos trabajadores del transporte público de Zitácuaro fueron asesinados y las unidades incineradas, junto a otras camionetas distribuidoras de productos comestibles. Tampoco hubo detenidos, ni policías “preventivos” capaces de impedir los sucesos de violencia… igual que siempre, sólo llegaron a recoger los cadáveres y trasladar las unidades siniestradas al corralón.

Del desplazamiento forzado al asesinato de inocentes y la autoridad festejando

La urgente necesidad de acceder a condiciones de seguridad y paz, se ha convertido en el más grande anhelo de la población y principal exigencia a los gobiernos de los tres niveles. Pero los reclamos de respeto al derecho a la vida, la libertad y patrimonio, se topan con la indolencia, simulación y mentiras. Mientras crece el número de familias que son obligadas a dejar todo lo que tienen, casa, animales y parcela, a cambio de conservar lo más valioso: la vida.

En Zitácuaro la autoridad tardó en aceptar el fenómeno del desplazamiento forzado en comunidades del municipio. Finalmente lo admitió, pero atribuyéndolo como un “daño colateral, consecuencia de hechos suscitados en municipios vecinos”. En tanto la tensión crece, pasando del desplazamiento forzado al reclutamiento obligado y a la ejecución de personas ajenas a las actividades delictivas de las organizaciones criminales. Es decir, al asesinato de ciudadanos inocentes, que salen de su hogar a trabajar de manera honesta, en busca de llevar a la familia el sustento diario y ya no regresan.

En tanto el Gobierno Municipal sigue distrayendo tiempo y recursos en simulaciones y festividades, ahora por los 500 años de la fundación de Zitácuaro, que se celebrará en 2026. Lo grave, es que abundan ciudadanos (algunos de bien, pero la mayoría buscando satisfacer intereses personales) que se prestan a la farsa distractora, en lugar de exhortar al Gobierno aplicarse en lo que es prioritario para todos: el restablecimiento de la paz y tranquilidad, sobre todo la seguridad y protección de la vida de los habitantes del municipio.

Exigir a la diputada local, a la legisladora federal, al senador Raúl Morón (que además aspira convertirse en gobernador) asuman su deber como representantes populares y con tal investidura acudan a las instancias respectivas a exigir se recupere el Estado de Derecho y la aplicación estricta de la ley, como medios para recuperar la gobernabilidad institucional y con ella la estabilidad del Estado. La satisfacción de esa necesidad básica conviene a la misma clase política en el poder, en su afán de perpetuarse en los cargos o brincar a otros, como es su estilo.

 Ellos y ellas, senadores y diputadas, deben hacer uso de la máxima tribuna del país para exhortar al Gobierno Federal actúe, haciendo efectivas las garantías de la población que se encuentra en estado de indefensión. Lo mismo exigir las legisladoras locales al gobernador del estado y presidentes municipales.

 Si no cumplen el mandato constitucional de respetar y hacer respetar la ley, otros más inteligentes les comerán el mandado, usando la bandera del combate a la criminalidad. Como lo está haciendo el presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, con excelentes resultados propagandísticos. Tal ha sido el éxito de su estrategia, que la popularidad lo está catapultando a ser considerado aspirante a la Presidencia de la República y sea apodado como “El Bukele mexicano”.

 Incluso, un portal de noticias de Michoacán realizó un ejercicio para medir las preferencias, en redes sociales, entre Raúl Morón Orozco y Carlos Manzo, y el presidente de Uruapan superó con mucho al senador de la República; ya que, de 22 mil participantes en la encuesta (muchos de ellos de Zitácuaro, perfiles reales, de carne y hueso) 18 mil 298 manifestaron su simpatía por el alcalde independiente y sólo 302 por el influyente amigo de Claudia Sheinbaum. Fueron más los “votos nulos” que los obtenidos por Morón, pues 3,257 se expresaron a favor del ejercicio democrático: Por la encuesta y no por los participantes. 

Lo anterior refleja el nivel de descontento social ante la apatía, omisión, negligencia y permisividad de los gobiernos federal, estatal y municipales con el crimen organizado y el silencio cómplice de los diputados y senadores. Particularmente la insultante simulación del gobierno estatal, que alardea estar dedicado en la realización de obras, como el Libramiento de Morelia y el Teleférico. Siendo imitado por ciertos alcaldes que presumen “parches” y construcciones irrelevantes; cuyas acciones tienen como propósito real la desviación de los recursos públicos, no la satisfacción de las necesidades de la población, mucho menos procurar el bienestar colectivo.

Ellos van por el dinero público y la sociedad que se las arregle como pueda, ante el embate de la inseguridad y violencia. Pero que sigan pagando los impuestos, para que tengan de donde agarrar.