Sinopsis Política: México colapsado

Por: J. Salatiel Arroyo Zamora

Siempre he estado convencido de que el gobierno federal no tiene (ni deja) cabos sueltos. Toda acción u omisión es metódicamente analizada y premeditada, así como evaluados los costos-beneficios. Por eso la certeza de que la inseguridad, la violencia, el terror, los secuestros, extorsiones, el impuesto de cobro de piso y asesinatos, fundamentalmente en contra de sectores vulnerables de la población, esos que se juró proteger y rescatar de su condición de fragilidad, no sólo son tolerados, sino intencionalmente generados y promovidos desde las entrañas del poder público, que también se beneficia con parte del botín.

Una de las teorías indica que el objetivo sería obligar a la colectividad adaptarse a la “anormalidad”, al caos que generan la corrupción e ingobernabilidad institucional, al saqueo que realizan los gobiernos, así como a los impuestos y sometimiento que ejerce el crimen organizado. Ambas fuerzas “trabajando” en coordinación, usando el miedo (y ahora el terror), para mantener dominada y controlada a la población.

Pero sí usted creía que el gobierno gringo nos iba a rescatar del terrorismo o de la crisis de seguridad que padecemos, lamento decirle que no será así. Nadie hará por nosotros, lo que no seamos capaces de hacer por uno mismo. Al gobierno de USA lo único que le interesa es el control del gobierno y los recursos del país, y ambos, con la información que le están suministrando los capos criminales o narcotraficantes detenidos en su país, ahora convertidos en colaboradores o testigos protegidos, le basta y sobra para tener al gobierno mexicano de rodillas, a los “líderes” intimidados y a su servicio, aunque de manera simulada, pues tampoco le conviene tener siervos débiles.

Miren ustedes, la alianza, colusión, complicidad, colaboración, subordinación, o como quiera llamarle, entre el gobierno mexicano y cabecillas del crimen organizado es una realidad ya inocultable para el mundo, con excepción de las “autoridades” de nuestro país y la mayoría de los mexicanos, que se resisten a aceptarlo.

 Las administraciones recientes, particularmente de la “Cuarta Transformación”, se han dedicado a esconder y disfrazar la realidad que azota a nuestra nación, pero sobre todo a defender a los criminales civiles y a los que han tenido o mantienen cargos en el gobierno. La información de los políticos mexicanos corruptos se conoce primero en otros países, antes que en el nuestro.

Fue precisamente por “culpa” de Estado Unidos de Norteamérica que nos hemos enterado cómo el “empresario”, el hombre de negocios más cercano al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, su primer jefe de Gabinete, Alfonso Romo, es acusado por el gobierno de Trump de colaborar con el cártel de Sinaloa.

De USA también provino la información de los presuntos vínculos de Julio César Chávez hijo con la misma organización delictiva (supuestamente apadrinada por la 4T), resultando que (de acuerdo a información del gobierno gringo), desde hace dos años el pugilista cuenta con orden de aprehensión en la FGR, que no se ha ejecutado, ni emitido la “ficha roja” para solicitar la colaboración de Interpol, ni de ninguna otra instancia internacional, para lograr su ubicación y ejecutar la orden de detención, como se hace con los adversarios políticos, empresarios y periodista, a los que primero se les calumnia, insulta, desacredita, encarcela o asesina.

Lo más lamentable (para quienes intentan reflexionar las causas de la criminalidad en el país), ha sido la enérgica defensa de la presidenta de nuestra nación al imputado Alfonso Romo, e insistir con la corroída frase de que, “a México se le respeta”, además de condenar a USA por pactar con líderes de organizaciones terroristas, como lo está haciendo con Ovidio Guzmán a cambio de información. Cuando en México, con esos capos delincuenciales no sólo se pacta, si no que se pone la estructura gubernamental al servicio de ellos, se les protege y defiende.

Para miles de mexicanos ya no resulta extraña la defensa del gobierno a los criminales, pues han observado o han sido víctimas de la omisión siniestra y negligencia mortal de los gobernantes y fuerzas armadas para proteger a la población de los grupos delincuenciales, con quienes se ha asumido una actitud de indignante tolerancia, en ocasiones complacencia, por parte de la clase política. Siendo múltiples las denuncias públicas por extorsión, cobro de piso, desapariciones forzadas, hostigamiento, desplazamiento y masacres, a las que no se da seguimiento de manera eficiente, pronta y expedita.

Incluso, cuando dichas conductas se están ejecutando en contra de comunidades enteras, se ha implorado auxilio de la Guardia Nacional, Civil, Ejército, y hasta de Bomberos, y con excepción de estos últimos, nadie responde a los llamados de apoyo o al cumplimiento de sus obligaciones, muchos menos a honrar el deber. Al contario, se molestan ante la insistencia de los desesperados llamados de emergencia, cuando la población se encuentra bajo las balas.

Haciéndose costumbre – para “los guardianes del orden”- llegar a los lugares de las masacres sólo a recoger cadáveres (cuando los forajidos les han indicado que no existe peligro alguno, ni a quien detener, autorizándoles para arribar a sus dominios, ordenando que es momento de armar el teatro). Y si alguien se atreve a increpar a los “representantes de la ley” por la demora e ineptitud, molestos retan a que el ciudadano inconforme se enliste en la policía (si no está conforme o no le gusta como ellos realizan su “trabajo”), como si la obligación de la seguridad o protección fuese de la población y ah ellos sólo se les pagara por acompañar al servicio médico forense al levantamiento de cadáveres.

Después de los enfrentamientos, masacres, tragedias y asesinatos de personas inocentes, ajenas a las confrontaciones de los grupos armados en pugna, se despliegan ostentosos operativos policiacos, los políticos simulan desconsuelo y declaran que los infractores serán detenidos. Durante tres o cuatro días las calles son inundadas por desfiles de unidades de las fuerzas armadas, helicópteros sobrevuelan las ciudades, pero una vez transcurridos los días, disminuida la exaltación social, controlado el miedo y superada la pena en la sociedad (aunque los dolientes de las víctimas directas sigan angustiados), las fuerzas de “seguridad” desaparecen, han cumplido la misión de persuadir a la población, que regresa a la rutina… con cero detenidos, ni siquiera de criminales que, por su grado de adicción a las drogas, resultan estorbosos hasta para sus jefes.

Se persigue a los adversarios, no a los criminales

Nadie, absolutamente ningún cabecilla delincuencial, es obligado a pagar por los daños causados a la sociedad al infringir las leyes. Al contrario, la protección que del gobierno reciben es obvia y precisa. A los que sí se hace pagar, es a los adversarios políticos, empresarios incómodos por críticos y medios de comunicación libres, así como a todo ciudadano reflexivo que no acepte la subordinación ni manipulación al gobierno y su partido.

Otra realidad que el régimen ha intentando ocultar, es la actitud dictatorial en los estados y municipios donde Morena gobierna, no se diga en el ejecutivo federal. Además de mentir de manera sistemática, perseguir a los políticos antagónicos, así como a los críticos de las atrocidades y deficiencias de los funcionarios públicos.

Lo grave, es que, mientras los gobiernos de la Cuarta Transformación persiguen a empresarios, periodistas y luchadores sociales que no se someten, la impunidad a favor de los cárteles es total y absoluta, permitiéndoles hacer y deshacer a su antojo, pisoteando las leyes del país, ultrajando a los ciudadanos de bien y convirtiendo a nuestra nación en uno de los países más peligrosos del planeta. Sin percibirse en el gobierno y sus compinches intención de rectificar.

Se apoderaron del INE, eliminaron los órganos autónomos de control interno, arrasaron y mantienen sometido al Poder Legislativo, prostituyeron y acabaron con la oposición partidista, pisotearon, contaminaron y exterminaron la formación doctrinaria, les estorba la ética, destruyeron los contrapesos, el Poder Judicial (que era lo único que nos quedaba como defensa popular y generador de equilibrio), es un apéndice más del Ejecutivo y su partido. Se ha militarizado todo, seguridad, obras públicas, trenes, aduanas, turismo, aeropuertos.

 Se incentiva y premia la holgazanería, mientras se persigue y castiga al emprendedor, al que trabaja. Pronto la propiedad privada será arrebatada con “fines de utilidad pública”, “por el bien del pueblo”, los poseedores perseguidos y vilipendiados; los ciudadanos productivos, generadores de empleo y de riqueza material, quien trabaje y ahorre, se convertirá en enemigo del gobierno y del “pueblo”.  Lo que obligará a emigrar a otros países, quien todavía pueda hacerlo. Los demás vivirán bajo un régimen donde hasta soñar será prohibido. Por el momento ya se censura pensar con libertad y emitir opiniones que no coincidan con la honestidad, transparencia y bienestar que el gobierno alardea.

Millones ignoran que los perjudicados seremos todos, incluidos los que hoy aplauden, defienden a ojos cerrados y obedecen a ciegas, pues ellos no son aliados, son instrumentos, objetos desechables, que una vez utilizados ya no servirán más y serán desechados. Morena y sus gobiernos sólo tienen peones, los que también probarán la represión, llegado el momento. Anhelo estar equivocado y que el tiempo me sitúe en realidad distinta.