CDMX publica lista que limita derechos y trámites de deudores alimentarios

Ciudad de México; junio de 2025.- En un acto sin precedentes, la Ciudad de México lanzó la lista oficial de deudores alimentarios, un registro público que incluye a mil 500 hombres y mujeres que tienen denuncias por incumplimiento en el pago de pensión alimenticia hacia sus hijas e hijos. Esta acción forma parte de la estrategia “Justicia para las Infancias”, diseñada para visibilizar la violencia económica que sufren niñas, niños y adolescentes y promover la corresponsabilidad en el cuidado y crianza.

La lista está disponible en línea en el portal: www.deudoresalimentarios.rcivil.cdmx.gob.mx, donde cualquier persona puede consultar si alguien aparece como deudor ingresando su nombre completo y fecha de nacimiento. Aunque el sitio tuvo algunas fallas técnicas en su lanzamiento, se prevé que se mantenga actualizado periódicamente y accesible para instituciones públicas, empleadores, juzgados y la ciudadanía en general.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, subrayó que esta medida no se trata de una sanción arbitraria, sino de una herramienta de transparencia y un acto de justicia para las infancias. “Las obligaciones alimentarias no son opcionales, son un derecho fundamental. Quienes incumplen no pueden permanecer en el anonimato”, afirmó. Además, resaltó que la publicación de esta lista tiene respaldo jurídico en la Ley de Transparencia local y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Quienes aparezcan en la lista enfrentarán importantes consecuencias legales y administrativas, entre ellas:

-Prohibición para obtener pasaporte y salir del país.

-Impedimento para ocupar cargos públicos o de representación popular.

-Restricciones para realizar trámites notariales clave.

Con esta iniciativa, la Ciudad de México se suma a Oaxaca y Coahuila, convirtiéndose en la tercera entidad en el país en hacer pública esta información. La medida fue impulsada con el apoyo de la Consejería Jurídica y colectivas feministas, con el objetivo de erradicar la violencia vicaria y económica que afecta a las infancias.

Este paso representa un avance significativo para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir la pensión alimenticia que les corresponde, además de enviar un mensaje claro: el incumplimiento no será tolerado ni ocultado. (Maya Comunicación)