Apatzingán y Nueva Italia registran nuevo envenenamiento; colectivos demandan justicia y cárcel para agresores

Morelia, Michoacán; 7 de diciembre de 2025.- El envenenamiento de aproximadamente 30 perros y dos gatos —estos últimos de un mes de edad— en Apatzingán y Nueva Italia, reactivó la exigencia de activistas para que la Fiscalía General del Estado (FGE) intervenga con rigor, detenga a los responsables e imponga castigos ejemplares.

Luisa Quijano Ravell, vocera del Colectivo D.A.R.A.M.O.R de Rescatistas Independientes de Michoacán, hizo un llamado firme a la Fiscalía Michoacana para que investigue de manera real y garantice la aplicación de justicia, a fin de evitar que estos ataques continúen normalizándose.

Las organizaciones insistieron en que esta forma de exterminio se ha vuelto constante en diversas localidades de Michoacán, afectando a animales que carecen de hogar y protección.

Alertaron que se trata de una de las muertes más crueles debido al tiempo de agonía que provoca la sustancia utilizada.

En su posicionamiento, Maribel Arreola Gallardo, integrante del equipo jurídico del Comité Estatal de Animalistas de Michoacán (CEAM), precisó que estos hechos constituyen una vulneración al derecho humano a un medio ambiente sano, estipulado en el artículo 4 constitucional.

La jurista agregó que los ataques incumplen la Ley de Protección a los Animales del Estado de Michoacán y el Código Penal estatal, al tratarse de actos deliberados con un modus operandi reiterado consistente en la colocación de tóxicos en espacios públicos, lo que implica riesgo sanitario y evidencia una estructura de planificación criminal.

Los activistas afirmaron tener los nombres de los implicados y presentarán pruebas ante la FGE para que se ejecute la acción penal correspondiente.

Las denuncias se formalizaron con los folios DL/02459/2025 y DL/02440/2025.

Destacaron que la urgencia de investigar y enjuiciar a los responsables es impostergable, ya que el envenenamiento masivo de perros y gatos continúa expandiéndose como una práctica habitual en el Estado.