Colectivos animalistas aplauden endurecimiento de sanciones penales contra la crueldad animal

Morelia, Michoacán; 27 de noviembre de 2025.- La reciente decisión de la 76 Legislatura de elevar las penas por maltrato y crueldad animal fue recibida con entusiasmo por más de 50 asociaciones protectoras de animales en Michoacán, que destacaron que las nuevas sanciones permitirán imponer cárcel a quienes cometan estos delitos.

Entre las voces que celebraron el avance se encuentra la de Carlos Maya Cordero, representante de la Asociación de Abogados Animalistas de México (ASAAM), quien señaló que el activismo animalista llevaba más de una década impulsando estas reformas.

“Se debe de tener una media aritmética de las penas, es decir, entre la mínima y la máxima dividida entre dos, que fuera mayor a 5 años, esto justamente para que no exista ni la suspensión condicional, ni el acuerdo reparatorio en ese tipo de casos salvo algunas excepciones y los asuntos se lleven hasta las últimas consecuencias y existan penas efectivas hacia las personas cuando cometen ese tipo de delitos”, remarcó.

El especialista en la defensa jurídica de los animales, sostuvo que la legislación michoacana distingue entre maltrato y crueldad.

Los artículos 309 y 311 establecen que la crueldad implica intención de dañar o quitar la vida a un animal no humano, mientras que el maltrato es resultado de acción u omisión y se sanciona con penas de menor gravedad.

Maya Cordero subrayó que la aprobación de estas medidas —que establecen de 3 a 8 años de prisión— representa un logro para el movimiento animalista y agradeció a los legisladoras, -en especial a Gulianna Bugarini y Sandra Arreola-, por no ser indiferentes ante la violencia ejercida contra animales, recordando que estos son seres sintientes.

Asimismo, destacó que durante años se han presentado múltiples iniciativas elaboradas por juristas integrantes del Grupo de Investigación en Derecho Animal (GIDA), ASAAM y Activismo por el Mundo Animal (AMA), quienes han impulsado la profesionalización de la protección animal en el Estado, sin que sus voces fueran escuchadas.